Centrándome
en el 23 de febrero de 1981,
el que suscribe estaba a punto de cumplir siete años y vivía en Paymogo, un pueblecito
de la provincia de Huelva, justo frente al cuartel de la Guardia Civil, en una época en la que me pasaba los días correteando por las calles en compañía de amigos inolvidables como Ángel, Paco, Juan Manuel y demás muchachada. Aquel
día la mujer del teniente no tuvo que andar mucho para avisar a mi madre con el
encargo de que le comunicara a mi padre, guardia civil con tres hijos, que se
pusiera el uniforme a toda prisa y se presentara ante su marido más pronto que tarde.
Entonces no supe entender por qué mi progenitor tuvo que permanecer movilizado
durante varios días ante lo que pudieran disponer desde la Comandancia de la
Guardia Civil de Huelva. Como es lógico, yo desconocía lo que estaba sucediendo
en Madrid, aunque mi padre y el resto de sus compañeros -Ángel, Moreno, Pino, Mesa, Campillejo, Felipe, Espejo...- tampoco contaban con
los elementos de juicio suficientes como para hacerse cargo de la situación. En
estos casos no era menester facilitar información, sino simplemente el de
hacer un ejercicio supremo de disciplina y ponerse
a las órdenes de la superioridad.
Ese día se celebraba en el Congreso de los
Diputados la segunda votación de investidura para elegir presidente del
gobierno a don Leopoldo Calvo-Sotelo, como consecuencia de la previa dimisión de
Adolfo Suárez y de no
haber obtenido el candidato la mayoría
requerida en la primera sesión celebrada cuarenta y ocho horas antes. Eran
cerca de las seis y media de la tarde cuando los alrededores de la Carrera de
San Jerónimo se vieron sorprendidos por el desembarco de Tejero y sus hombres
(16 oficiales y unos 170 suboficiales y guardias) que, previamente concertado
con el General Milans del Bosch, pretendía revertir la situación del país y
reconducirla por unos cauces más adecuados a los que se estaban desarrollando.
Dentro del hemiciclo, el diputado que hacía el llamamiento al voto interrumpió
su alocución ante el alboroto que se estaba produciendo en el salón de plenos.
A partir de ahí hicieron su aparición los miembros del benemérito cuerpo, con
su armamento reglamentario en ristre, encabezados por aquel que destacaba por
su bigote, su tricornio, sus dos estrellas de ocho puntas en las bocamangas y
su aire de bravuconería. El
presidente de la Cámara, un demudado Landelino
Lavilla, no paraba de mirar, mitad indignado mitad incrédulo, cómo la sede de la soberanía nacional era violada por aquel
hombre que, como si no fuera la cosa con él,
comenzaba a subir las escalinatas que conducían al atril de oradores con
intenciones nada amistosas; así lo atestiguaba la pistola que blandía en su
mano derecha. Sus dudas, al igual que las del resto de los allí congregados, se
difuminaron de un plumazo y se tornaron en estupefacción nada más oír aquello
de “¡quieto todo el mundo!”. El golpista
era Tejero, el mismo que fue juzgado y condenado un año antes por la
planificación de otro intento de
golpe de Estado en noviembre de 1978 y que los servicios de inteligencia descubrieron
a tiempo para impedir su puesta en práctica. Por lo tanto, Tejero no era
del todo un desconocido cuando, esta vez sí,
se propuso ejecutar los planes
frustrados de unos años atrás.
Siguiendo con el hilo de los
acontecimientos, estaba claro que la situación no pintaba nada bien, y menos
aún cuando un indignado vicepresidente del gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, se
dirigió a su subordinado para espetarle que se sometiera a la disciplina de la
jerarquía y abandonara aquella locura. Tejero y sus hombres, en una imagen
patética, fueron incapaces de derribar al casi septuagenario general, no viendo
más salida para salvar su maltrecha dignidad que la de empezar a pegar tiros al
aire, señal imitada por el resto de guardias civiles en un ejercicio que sirvió
para contemplar cómo sus señorías se tiraban por los suelos buscando el parapeto de los escaños, con las honrosas
excepciones de Suárez y Carrillo, que permanecieron sentados, impasibles. Seguro que más de uno no hizo la mili, pero aquel día se tiraron cuerpo a tierra como auténticos profesionales de la milicia. El
caso es que las ráfagas supusieron el pistoletazo de salida para las horas más
dramáticas que ha vivido nuestra joven democracia, agravadas aún más si cabe
cuando el capitán general de la tercera región militar, teniente general Jaime
Milans del Bosch, decidió declarar el estado de excepción y sacar los tanques
al asfalto de las calles de Valencia. Parecía que estaba todo perdido,
secuestrado el gobierno y los militares dueños de la situación, y que el
sufrido pueblo español regresaría a la oscuridad de las cavernas de las que
acababa de salir.
Todos conocemos el feliz desenlace de
aquella intentona desesperada y, por suerte, mal organizada. Para su fracaso
resultaron fundamentales tanto la labor del Rey, cuyo mensaje de madrugada a
través de la televisón terminó de dar la puntilla a los sublevados y supo
atraerse a los militares indecisios en defensa de la legalidad constitucional,
como el papel desempeñado por los medios de comunicación. Pero lo que me
gustaría resaltar es que pocas veces se ha visto una unión más perfecta entre
un pueblo y sus gobernantes que la experimentada en aquel trance excepcional. La jornada que se conoció como “la noche de
los transistores”, que terminó a la mañana siguiente con el “pacto del capó”,
que destapó a traidores como el general Alfonso Armada y descubrió a leales
como Sabino Fernández Campo puso de manifiesto el carácter eminentemente
democrático de la sociedad española a pesar de las algaradas insensatas de
algunos individuos. Por otra parte, ni
Tejeros ni Roldanes pueden aspirar a mitigar el prestigio de
una institución que cuenta con el reconocimiento mayoritario de la población;
la Guardia Civil tiene a sus espaldas los años de historia suficientes como
para que su reputación pueda verse horadada por la ambición de los hombres que
han de servirla.
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